En medio del escenario decretado en enero de 2024 en Ecuador debido al conflicto armado interno y al accionar de bandas criminales, investigar y comunicar las problemáticas del medio ambiente representa un desafío de alto riesgo. El país cerró ese periodo como el segundo más violento de su historia reciente, registrando una tasa de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. En esta coyuntura, la cobertura de actividades como el tráfico de fauna silvestre, la minería ilegal o la tala indiscriminada expone a los reporteros a severas amenazas físicas y editoriales.
Frente a esta realidad, un estudio científico elaborado por las investigadoras Tania Orbe Martínez y Nathalie Tomalá Calderón, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), analiza el impacto del programa de capacitación sobre cobertura de delitos ambientales en la Amazonía ecuatoriana. La carrera de Periodismo de la USFQ lideró esta iniciativa en alianza con la Wildlife Conservation Society (WCS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) bajo el proyecto Conservando Juntos. El programa capacitó a 102 participantes y otorgó 20 becas de investigación para producción periodística en territorio.
Esta investigación se publicó en la serie Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities (Volumen 42) y se expuso en el International Conference on Communication and Applied Technologies 2025 (ICOMTA 2025), bajo el título original «Journalism Training in Conflict Contexts: Challenges in Covering Environmental Crimes in Ecuador», firmado por las investigadoras Tania Orbe Martínez y Nathalie Tomalá Calderón (USFQ / OIME).
Los hallazgos del estudio: avance técnico y barreras institucionales
El análisis evaluativo del curso reflejó avances sustanciales en la formación especializada. Un 83% de los participantes percibió un incremento alto o muy alto en sus conocimientos sobre normativa de delitos ambientales, mientras que un 74% fortaleció sus habilidades de investigación periodística y un 76% mejoró su capacidad para estructurar propuestas editoriales (pitches).
A pesar de estos avances, el artículo científico evidencia tensiones estructurales en el ejercicio del periodismo ambiental. Por un lado, la precarización del sector periodístico en Ecuador empuja a los profesionales a depender de estímulos económicos temporales ($800 por cuatro meses de trabajo) que no solucionan la inestabilidad laboral permanente. Por otro lado, el acceso a la información pública resultó sumamente complejo: el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) demoró tres meses en entregar los datos oficiales solicitados por los becarios.
Ante estos obstáculos, la coautora e investigadora Tania Orbe propuso trabajar de forma conjunta entre disciplinas, señalando que «nosotros dejamos planteada como una conclusión de este programa que trabajemos de manera interdisciplinaria entre científicos y periodistas». Esto permitiría integrar el conocimiento técnico científico con el enfoque de indagación periodística.
Experiencias en territorio: las voces de los investigadores
Las investigaciones financiadas abordaron cuatro ejes clave en la Amazonía: tráfico de fauna silvestre, minería ilegal, tala indiscriminada y pesca no regulada.
1. Tráfico de fauna y la dimensión humana
Nathalie Tomalá, coautora del estudio y becaria, investigó el tráfico de animales para consumo, visibilizando cómo la falta de servicios básicos e ingresos empuja a comunidades rurales a comerciar con especies. Según explica Tomalá al referirse al acercamiento en campo, «es bastante complicado que la gente quiera hablar contigo porque tienen este miedo de ser expuestos». Para comunicar esta problemática sin abrumar al lector, la investigadora articuló crónicas narrativas con herramientas digitales como Datawrapper para representar gráficamente las cifras de decomisos.
2. Invertebrados: la red invisible del contrabando
Por su parte, la becaria Gabriela Castillo indagó sobre el contrabando de insectos y artrópodos amazónicos, revelando que el MAATE carecía de registros sobre invertebrados. Mientras un habitante local recibe entre $5 y $10 por capturar un espécimen, los traficantes los venden en mercados internacionales de $50 a $800. Asimismo, Castillo cuestionó los vacíos legales al precisar que «según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hay sanciones por el tráfico de especies silvestres, pero no dice nada sobre el contrabando de invertebrados», impedimento que dificulta la fiscalización judicial.
3. Riesgo, verificación y seguridad en minería
En la cobertura de la minería ilegal, el becario Freddy Torres sufrió el robo de sus equipos tras alertar indirectamente a actores armados en territorio. Torres remarca la importancia de aplicar protocolos estrictos y comprobación física de agua y suelo. Él afirma que «cambió la forma de proceder, a no correr riesgos, a no perder la vida por una historia», lo que demuestra que la planificación de la seguridad física debe anteponerse a cualquier producción periodística.
4. Cobertura amplia y barreras comerciales
En el análisis sobre la conectividad en el corredor ecológico Llanganates-Sangay, el periodista Álvaro Samaniego enfrentó la dispersión de fuentes oficiales y comunitarias en múltiples cantones con recursos limitados.
(Aquí va video clip de Álvaro diciendo: «Para mí hay dos aspectos fundamentales, de primero son los grandes medios de comunicación masivos que todavía no consideran a los temas ambientales como temas importantes o saben que son importantes sin embargo más peso en su operación y en su estado financiero tiene no hablar de eso, porque probablemente se privarían de todo lo que es derivado del uso por ejemplo de combustibles fósiles, estamos hablando de publicidad de autos, etc.»)
Frente a esta barrera comercial en los medios masivos, Samaniego destacó que la beca le permitió trabajar géneros de profundidad como el reportaje y la crónica, consolidando una red de colaboración en medios especializados.
Rigor y protección: el «periodismo silencioso»
La cobertura ambiental en Ecuador se encuentra fuertemente cruzada por las dinámicas del crimen organizado. Gabriela Verdezoto, geógrafa y representante ante la Mesa de Protección de Periodistas por la Fundación Periodistas Sin Cadenas, advirtió que los temas ambientales suelen desestimarse en las salas de redacción al encasillarse erróneamente como activismo.
Para garantizar la integridad física en el campo, Verdezoto sugirió apoyarse estrictamente en las comunidades locales y mantener un perfil bajo, sosteniendo que «básicamente el periodismo en general, pero el ambiental en particular, tiene que ser muy silencioso». Asimismo, hizo un llamado a la unión gremial entre comunicadores para evitar pugnas por fondos de financiamiento y construir redes de protección colaborativa.
En conclusión, trasladar un estudio científico a la esfera pública requiere conectar la evidencia técnica con el contexto social, laboral y de seguridad de los territorios. Fortalecer la investigación sobre delitos ambientales en Ecuador exige garantizar el acceso transparente a la información pública, adoptar protocolos de protección rigurosos y promover alianzas interdisciplinarias entre la ciencia y el periodismo.