Cubrir crímenes ambientales en Ecuador se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. A la falta de recursos y especialización en el periodismo ambiental, hoy, se suman la violencia, la falta de trabajo y el miedo en un contexto marcado por el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. A pesar de ello, en 2025, Ecuador vivió su año más violento. Según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, hubo 9.216 homicidios intencionales. Esto significa que la tasa de muertes violentas fue de 50,91 por cada 100 000 habitantes. La mayoría de estos crímenes ocurrieron en 168 de los 222 cantones del país.
Este escenario de inseguridad también se evidencia en el estudio Journalism Training in Conflict Contexts: Challenges in Covering Envioralmental Crimes in Ecuador, publicado en 2025 y elaborado por Nathalie Tomalá, estudiante de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Tania Orbe, coordinadora de la carrera de periodismo en la misma Universidad. Su trabajo analiza el programa de formación en periodismo ambiental enfocado en crímenes ambientales, como la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y la deforestación en la Amazonía ecuatoriana.
Teniendo en cuenta la problemática antes mencionada, la Wildlife Conservation Society (WCS) y la USFQ, con financiamiento de la United States Agency for International Development (USAID), agencia cerrada en 2025 por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizaron un curso de coberturas ambientales. Este duró tres meses y combinó capacitación teórica, mentorías editoriales y apoyo económico para investigaciones periodísticas.
Tras la formación, se otorgaron 20 becas entre los 250 participantes. Nathalie explica que:
«Los periodistas tenemos la responsabilidad de explicar mediante datos y experiencias lo que está pasando dentro de esta crisis. Mostrar esa realidad, pero de diferente manera, con nuevos enfoques, nuevos datos, de tal forma que se genere conocimiento».
Nathalie tomalá
Por su parte, Gabriela Castillo, una de las becarias del curso, recalca que antes de ser parte de esta experiencia abordaba el periodismo ambiental de una forma superficial. Precisamente, la finalidad de la capacitación fue contrarrestar esa superficialidad para que se pueda llegar al fondo de las investigaciones. El reportaje de Gabriela retrató el contrabando de insectos en la Amazonía. Uno de los hallazgos fue que en Ecuador no existen cifras sobre el tráfico de estos pequeños animales, ya que pasan desapercibidos; sin embargo, siguen siendo parte del ecosistema y son esenciales para el ciclo de la vida. Aunque haya bastantes limitaciones, como el acceso a información y el peligro en topar temas delicados, «esta capacitación me abrió los ojos. El tema de la cobertura del ambiente es una fuente aparte, es un tema que necesita precisión», sustenta Gabriela.
La investigación de Tomalá y Orbe destaca que, tras la declaratoria de un conflicto armado interno, los periodistas enfrentan mayores riesgos para acceder a territorio, fuentes y documentos oficiales. En este escenario, los crímenes ambientales suelen quedar relegados frente a temas de seguridad ciudadana, pese a su impacto directo en comunidades y ecosistemas. Tania Orbe advierte que:
«Si no hay periodismo de calidad, y si la autocensura y la censura se imponen por el riesgo a la vida del periodista, simplemente no hay conocimiento del impacto real que tienen los delitos ambientales».
TANIA ORBE MARTÍNEZ
Otro de los hallazgos centrales de este estudio es la importancia de la formación especializada. Una vez finalizado el curso, se realizó una encuesta a los becarios y, de acuerdo con los resultados, más del 70% de los participantes percibió una mejora significativa en sus capacidades investigativas, narrativas y formulación de propuestas periodísticas. Además, el acompañamiento editorial permitió transformar ideas iniciales en reportajes que se pueden publicar en medios nacionales y comunitarios.
Este trabajo también evidencia tensiones estructurales. Aunque los incentivos económicos facilitaron la producción de investigación, esto no garantiza la estabilidad laboral. Cuatro meses de mucho esfuerzo no compensan la falta de condiciones dignas de trabajo.
Para Franklin Vega, editor de Bitácora Ambiental, el acceso a la información pública sigue siendo uno de los mayores obstáculos. «Hacemos pedidos formales y muchas veces no responden o entregan información incompleta», afirma. Además, cuestiona la confidencialidad de registros forestales y pesqueros:
«Se habla de transparencia, pero en la práctica el acceso a la información sigue siendo muy limitado».
FRANKLIN VEGA
Según Franklin, cuando se cubren delitos ambientales es esencial tener en claro tres aspectos. Primero que nada, identificar el escenario donde se va a realizar la cobertura para considerar que tan peligrosa o accesible es la zona. Segundo, hay que minimizar todas las oportunidades de fuga de información. Para ello, coloca como ejemplo la cobertura que realizó sobre minería ilegal donde «solo cuatro personas sabían que íbamos y los recorridos finales se dieron la misma mañana que regresábamos». Por último, se debe contar con apoyo local, para tener un respaldo y saber a lo que se está yendo.
El artículo concluye que el periodismo ambiental en Ecuador necesita más visualización, acceso a información pública, protocolos de seguridad y un trabajo donde se vinculen la academia, los medios de comunicación, la sociedad y las distintas instituciones. En un país donde la naturaleza es sujeto de derechos, la investigación para reconocer a quién la vulnera es una tarea primordial que no puede recaer únicamente en el esfuerzo individual de los periodistas.
Francisca Valencia
Estudiante USFQ Periodismo
